10.9.20 Fallo Ocampo. Validez acuerdos ante escribano

 “Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/ despido” (expte. 46778/2014).la Corte Suprema rebatió el argumento compartido por la primera instancia y la Sala VII de la CNAT, y ordenó la procedencia de la queja de la demandada y el recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia apelada. 

La primera valoración que la Corte establece es que el trabajador no había podido probar que su voluntad se encontrara viciada como para justificar la nulidad del acto jurídico. 

Los vicios de la voluntad están consagrados en el Código Civil y Comercial de la Nación como aquellos actos jurídicos que, en este caso, realiza el trabajador inducido por el empleador mediando error (art. 265 CCyCN), dolo (art. 271 CCyCN) violencia (art. 276 CCyCN),  lesión (art 332 CCyCN), simulación (art. 333 CCyCN), y/o fraude (art. 338 CCyCN). 

Dichos elementos de vicisitud conllevan un efecto de nulidad (lesión o simulación), o bien de inoponibilidad de efectos (fraude).  

Sostiene la Corte que, en el caso, no estaba en juego la intensión, discernimiento y voluntad del trabajador que había concurrido personalmente a la celebración del acuerdo. 

Por su parte, respecto del argumento sostenido en la prelación del artículo 15 por sobre el articulo 241 LCT, establece el máximo tribunal que, mediando una voluntad concurrente, esto es, del trabajador y de la empleadora, de extinguir el vínculo, no se puede concebir el acto jurídico de referencia como un acuerdo liberatorio, conciliatorio o transaccional en los términos del artículo 15. 

Da lugar al argumento de la demandada, que sostiene que el artículo 241 de la LCT expresamente prevé la posibilidad de que la extinción contractual se produzca “mediante escritura pública” y agrega que la necesidad de homologación solo es requerida por el artículo 15 de la LCT para los “acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios”.

En consecuencia, por lo antes expuesto, la Corte Suprema sostuvo que la decisión apelada debía ser descalificada con sustento en la conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, revirtiendo el fallo favorable que había obtenido la parte trabajadora en primera y segunda instancia. 

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